La DGI volvió a ampliar el plazo para la entrada en vigor de la medida. Los comercios tendrán hasta el 18 de octubre para instalar los equipos.
Cuando todo estaba preparado para que hoy, 1 de octubre, fuera el primer día en el que sería obligatorio el uso de las impresoras fiscales, la Dirección General de Ingresos anunció en la tarde de ayer que extendió el plazo hasta el próximo 18 de octubre.
Fuentes de la DGI dijeron que la norma que establecía el calendario de implementación fue aprobada esta misma semana y que querían dar un poco más de margen. La mayoría de los comerciantes, sin embargo, tenía presente esta fecha como límite desde que se empezó a hablar de la medida.
La DGI gana así tiempo para reglamentar los créditos fiscales que se concederán a los empresarios por la compra de los equipos.
El resto del calendario, que establece los deadlines o fechas tope para la instalación de los equipos según el tipo de máquina y la provincia, se mantendrá igual.
Hay dos tipos de equipos: caja registradora e impresora fiscal. La primera es más conveniente para negocios pequeños que se manejan con facturación manual o tienen una caja registradora tradicional; la segunda será utilizada por empresas que tienen sistemas informatizados.
La medida ha sido rechazada, sobre todo, por los pequeños empresarios que aseguran que se trata de una carga que no podrán soportar. Elsa Guanti, consultora y expresidenta de la Unión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ha manifestado en varias ocasiones que los negocios que facturen menos de 150 mil dólares no deberían estar obligados a tener este tipo de equipos porque se desincentiva el paso a la formalidad.
El Gobierno cedió en parte a sus pretensiones y elevó a 850 dólares el crédito fiscal que concederá a los negocios más pequeños por la compra de los equipos. Para los demás el crédito será de 700 dólares o el 50% del valor del equipo.
Aunque vayan a recibir un crédito fiscal, los pequeños comerciantes alegan que lo difícil es tener capacidad en este momento para hacer una inversión considerable, que se calcula entre 600 y mil 500 dólares.
Además, quienes han realizado inversiones recientemente en sistemas informáticos se preguntan si estos serán compatibles con los nuevos.
“Nuestro sistema de contabilidad, facturación e inventario costó 4 mil dólares. Ahora están viendo si se puede adaptar y nos lo homologan con los nuevos equipos”, lamentó uno de los socios de un restaurante que abrió sus puertas este mismo año.
Otra colega dijo que la idea de las impresoras estaba bien, pero que su implementación había sido apresurada y que los mismos representantes de la DGI no estaban bien preparados. “En una reunión reciente, cuando los comerciantes planteaban sus dudas, no sabían qué responder. Falta divulgación”, apuntó.
El Gobierno ha implementado esta medida para reducir los niveles de evasión fiscal del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, que calcula en 150 millones de dólares al año.
Ahora, dicen, no habrá empresarios que tengan ventajas competitivas por no cobrar el ITMBS.
En ese sentido se manifestó Edwin De Souza, propietario del restaurante Portogalo. “Yo quiero ver a otros restaurantes compitiendo con las mismas condiciones”, señaló, aunque también dijo que los precios de los equipos son elevados y que va a ser difícil para los negocios más pequeños.
Factura, obligatoria
Los cambios no solo atañen a los comerciantes; los consumidores estarán obligados a pedir la factura.
De no hacerlo y ser detectados, deberán pagar una multa que oscila entre un dólar y hasta el 7% del valor del producto que compró. Esa cifra coincidirá con el monto que debía haber pagado de ITBMS. La sanción para el comerciante será similar.
El Gobierno pretende crear una cultura entre los ciudadanos para que reclamen su factura.
Los gremios de consumidores, por su parte, ya han reaccionado en contra de esta medida. Para ellos se trata de una carga legal injusta para los consumidores.
“A quienes verdaderamente hay que presionar es a los comerciantes”, dijo Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios.
También hay críticos que entienden que se trata de un nuevo impuesto. El objetivo del Gobierno, al final, es elevar la recaudación fiscal con una iniciativa que, sea comerciante o consumidor, afectará a todo el mundo.
Las excepciones a la norma
Hay muchos comerciantes que todavía desconocen si tienen o no que instalar el equipo. La ley establece unas excepciones: La actividad agropecuaria con ingresos gravables anuales menores a 250 mil dólares; la transmisión de bienes inmuebles y bienes muebles que consten en escrituras públicas; el transporte público; el transporte de carga de derivados del petróleo, y operaciones de bancos.
También se incluyen las instituciones financieras y de la bolsa de valores; los servicios prestados bajo relación de dependencia; profesiones liberales, artesanales y artísticas; la venta ambulante; y el arrendamiento de inmuebles realizado por quienes administran sus propios bienes; las cuotas de mantenimiento en asociaciones de copropietarios; actividades de los agentes comisionistas; asociaciones sin fines de lucro; entidades privadas que velan por las normas en el sector marítimo; y los hostales que tengan menos de siete cuartos.
ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Diario La Prensa